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14/06/2017

La FAM rechaza la quita de pensiones a personas con discapacidad

La FAM rechaza la quita de pensiones a personas con discapacidad

La Federación Argentina de Municipios, en representación de todos los Intendentes del país, observa con suma preocupación la falta de políticas de asistencia y abandono que el gobierno nacional hace de las Personas con Discapacidad.


El Ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 (setenta mil) pensiones por discapacidad. En los primeros días de Junio, solamente esta cartera quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.


Como consecuencia de esta situación la FAM, que preside Verónica Magario rechaza enérgicamente la quita de pensiones a personas con discapacidad y exige que se deje sin efecto la baja masiva de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe destacar que sacándoles esta pensión pierden el Programa Incluir Salud que es el medio para tener resguardo sanitario y asistencial.


La FAM apoya los proyectos presentados en el Congreso de la Nación para derogar el decreto 432/97 que utilizó el Gobierno para dar de baja pensiones por discapacidad.  Además la FAM reclama que se dé marcha atrás con las crecientes restricciones en cobertura médica de PAMI, que cuenta con un alto porcentaje de adultos mayores con discapacidad.


También vale recordar que la legislación vigente sobre derechos de Personas con Discapacidad establece : Que todas las reparticiones de la administración pública y todas las empresas privatizadas de servicios públicos, hayan cumplido con el cupo laboral. Los organismos estatales deben agilizar sus concursos laborales y pasar a planta permanente a todo empleado discapacitado que este contratado.


Todos los edificios públicos y de empresas privatizadas de servicios deben ser accesibles. Todos los transportes públicos de pasajeros bajo control de la CNRT brinden accesibilidad y transporte gratuito a las personas con discapacidad.


Además el Estado Nacional debe intervenir de oficio para que ninguna provincia ni CABA, modifique la legislación vigente restringiendo derechos. El Ministerio de Educación debe garantizar que los establecimientos públicos y privados brinden accesibilidad física y comunicacional y los apoyos necesarios para una educación inclusiva.


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